Aunque actualmente se encuentra en libertad, el activista Sergio Oceransky permanece en Yucatán en medio de un clima de creciente desconfianza social y bajo el escrutinio de nuevas acusaciones relacionadas con conflictos territoriales que han marcado a diversas comunidades del estado durante los últimos años. Su situación legal volvió a tensarse luego de que ayer se celebrara una audiencia vinculada a los procesos que enfrenta recientemente, por integrantes de las familias Abimerhi y Millet.

Su presencia en el estado ha generado inquietud entre habitantes que lo señalan como un actor que opera desde las sombras, moviéndose discretamente mientras prepara nuevas estrategias legales y mediáticas en torno a los litigios territoriales que lo rodean.

En Ixil, Chuburná y otras comunidades, la percepción hacia el activista ha cambiado de manera drástica. Habitantes que en algún momento colaboraron con él afirman sentirse utilizados y engañados. Señalan que Oceransky habría ofrecido acuerdos, apoyos y beneficios que nunca se concretaron, dejando a varias familias en una situación de incertidumbre jurídica y social. Para muchos, su intervención no solo no resolvió los conflictos, sino que los profundizó.

A ello se suma el uso intensivo de plataformas digitales vinculadas a su entorno —entre ellas Fundación Yansa A.C., Consejos Mayas y Defensores y Protectores del Futuro de Ixil— desde donde se han difundido mensajes, denuncias y campañas que, de acuerdo con actores locales, han provocado confrontaciones entre vecinos, propietarios privados y empresas con presencia legal en la zona. Estas publicaciones, señalan, han contribuido a un ambiente de polarización que dificulta cualquier intento de diálogo.

Empresarios y propietarios particulares sostienen que los terrenos en disputa cuentan con registros legales desde hace décadas, mientras que las narrativas impulsadas desde el círculo de Oceransky han sembrado dudas y generado expectativas que, aseguran, no tienen sustento jurídico. En este contexto, el activista ha sido identificado como uno de los principales generadores de presión mediática y de tensiones sociales en la región.

Mientras siga el conflicto legal, crece la exigencia de distintos sectores para que las autoridades garanticen claridad jurídica y pongan fin a la incertidumbre que rodea la actuación de Oceransky. Su presencia en Yucatán, ahora en un discreto segundo plano, mantiene en alerta a comunidades y propietarios que temen que los conflictos se sigan agravando.