Un grupo de asociaciones civiles manifestó su rechazo a dos iniciativas de reforma actualmente promovidas en el Congreso del Estado, al considerar que representan riesgos tanto para la protección de la vida como para la salud pública.

El documento fue suscrito por diversas organizaciones, entre ellas Pastoral de la Vida, de la Salud y de los Adultos Mayores; Caballeros de Colón; Conciencia y Derechos Humanos; CEFIM; Frente Nacional por la Familia Yucatán; Sembrando Paz; Red Pro-Yucatán y Viñedo de Raquel.

A través del posicionamiento dirigido a los diputados locales, las organizaciones expresaron su “consternación” por el impulso de estas propuestas durante el periodo de Semana Santa, al señalar que
podría tratarse de un momento en el que la ciudadanía se encuentra menos atenta al debate legislativo.

En el documento, las agrupaciones cuestionan la iniciativa que plantea modificar la Constitución local en materia de aborto, al considerar que dicha reforma es “innecesaria”, debido a que el marco legal vigente
ya contempla excluyentes de responsabilidad en el Código Penal del estado.

Asimismo, advierten que eliminar referencias sobre la protección del no nacido implicaría, a su juicio, limitar las opciones reales para las mujeres. “El verdadero derecho a decidir consiste en ofrecer alternativas, no únicamente caminos que conduzcan a la interrupción del embarazo”, sostienen.

Por otra parte, las organizaciones también rechazaron la iniciativa presentada por una legisladora para despenalizar el contagio doloso de enfermedades venéreas o graves, al considerar que esta medida sería “contraproducente”.

Argumentan que el tipo penal de “peligro de contagio” tiene como finalidad fomentar la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad y la salud, además de contribuir a una cultura de prevención. En ese sentido, cuestionan que personas que, con conocimiento de una enfermedad, la transmitan de manera intencional, puedan quedar sin sanción.

También subrayan que esta figura legal no se limita al VIH, sino que abarca diversas enfermedades transmisibles, por lo que su eliminación podría tener implicaciones más amplias en materia de salud
pública. 

Las asociaciones firmantes señalaron que toda persona tiene derecho a conocer la condición de salud de otra cuando existe riesgo de contagio, con el fin de tomar decisiones informadas.

Finalmente, hicieron un llamado al Congreso del Estado para abrir espacios de diálogo, como foros y mesas de trabajo, que permitan analizar a fondo ambas iniciativas y construir consensos sin vulnerar derechos fundamentales.