La porcicultura en Yucatán enfrenta un momento crítico, no sólo por los desafíos ambientales que deben atenderse, sino por el riesgo que representan los señalamientos públicos sin sustento técnico, especialmente cuando provienen de figuras con respaldo internacional.

Así lo advirtió el MVZ Manuel Quijano Canto, presidente de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida, quien cuestionó las recientes declaraciones del relator especial de la ONU, Marcos Orellana, al considerar que carecen de transparencia metodológica y pueden derivar en una narrativa sesgada.

El dirigente fue contundente: emitir juicios sin evidencia verificable ni consulta amplia no sólo afecta la reputación de productores y empresas, sino que genera consecuencias profundas en el tejido social y económico. “Se está construyendo un discurso simplista que reduce una actividad compleja a consignas de confrontación”, advirtió.

La preocupación no es menor. La porcicultura yucateca representa cerca del 12 por ciento de la producción nacional de carne de cerdo y genera más de 30 mil empleos directos e indirectos. En ese contexto, cualquier señalamiento generalizado sin pruebas puede traducirse en pérdida de confianza, afectaciones económicas y riesgos para miles de familias que dependen de esta actividad.

Quijano Canto subrayó que el sector no evade su responsabilidad ambiental. Por el contrario, ha avanzado en los últimos años con convenios de mejora regulatoria junto a la Semarnat y la Conagua, además de invertir en sistemas de tratamiento de aguas residuales en más de 40 unidades de producción. Estos esfuerzos, dijo, demuestran que hay una ruta de mejora en marcha que debe fortalecerse, no desacreditarse.

El líder del sector insistió en que los problemas ambientales deben atenderse con rigor y aplicación de la ley. “Si hay incumplimientos, deben investigarse, sancionarse y corregirse. Pero no se puede condenar a toda una industria sin pruebas”, enfatizó. En ese sentido, alertó que promover una narrativa de “emergencia generalizada” sin sustento puede generar más daño que soluciones, al fomentar la polarización y debilitar las instituciones.

Además, exigió que el relator de la ONU haga público el protocolo de consulta que sustentó sus declaraciones: qué actores fueron entrevistados, qué visitas técnicas se realizaron y cuál es la evidencia concreta que respalda sus conclusiones. Para el sector, este ejercicio de transparencia es fundamental cuando se trata de posicionamientos con impacto internacional.

Quijano también advirtió sobre un riesgo adicional: el uso de plataformas de alto nivel para emitir opiniones parciales puede distorsionar la percepción global sobre la actividad productiva en Yucatán, afectando inversiones, cadenas de valor y la seguridad alimentaria. “No se trata solo de imagen, sino de estabilidad económica y social”, puntualizó.

El dirigente reiteró que Yucatán cuenta con capacidad técnica, respaldo académico y apertura al diálogo para mejorar prácticas en manejo de agua, residuos y bioseguridad. Sin embargo, insistió en que estos avances deben ser reconocidos dentro de un debate equilibrado.

Finalmente, hizo un llamado a construir soluciones desde la evidencia, el diálogo plural y la responsabilidad institucional. “La sostenibilidad no puede imponerse desde el prejuicio ni desde la descalificación. Se requiere rigor, legalidad y escuchar a todos los actores”, concluyó.