En menos de 48 horas tras ser declarado prófugo de la justicia, el empresario yucateco Arturo Millet Reyes promovió ayer un amparo en contra de la orden de aprehensión que autoridades judiciales dictaron en su contra la noche del pasado jueves 27 de agosto, y asimismo, apeló la disposición judicial que lo obliga a pagar 2.8 millones de dólares a través de un fideicomiso por concepto de reparación del daño derivado de la denuncia que enfrenta por el delito de abuso de confianza.

De acuerdo con el procedimiento promovido por su defensa, Millet Reyes busca obtener la protección de la justicia federal frente al mandato judicial que ordena su detención, dentro del proceso relacionado con una acusación por el delito de fraude.

La controversia jurídica se desarrolla así en dos frentes: por un lado, la defensa de Millet Reyes pretende dejar sin efecto o modificar la orden de aprehensión mediante el juicio de amparo; por otro, impugna la determinación relacionada con el mecanismo financiero establecido para garantizar el cumplimiento de la reparación del daño.

El recurso de amparo deberá ser analizado por el órgano jurisdiccional federal, que determinará si existen elementos para conceder la protección solicitada y, en su caso, bajo qué condiciones.

Mientras tanto, la apelación contra la resolución relativa al fideicomiso seguirá su curso ante la autoridad competente. El resultado de ambos procedimientos podría incidir en el desarrollo del proceso judicial y en las medidas encaminadas a garantizar la reparación del daño.

Circo y maroma...

Hay que precisar que la noche del jueves 27 de agosto autoridades judiciales de Yucatán giraron una orden de aprehensión en contra del empresario, Arturo Millet, luego de que el pasado lunes 24 de agosto escapó de elementos de seguridad que lo tenían bajo custodia en una clínica privada de Mérida.

El Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencia del Poder Judicial del Estado le determinó la prisión como parte del expediente 150/2022J3ES derivada de una denuncia por el delito de abuso de confianza, toda vez que no cumplió con el pago de reparación del daño por la cantidad de 2.8 millones de dólares.

En esa diligencia, el juez le determinó prisión preventiva y subsecuente ingreso al Cereso de Mérida; sin embargo, ahí mismo el empresario alegó que tenía un problema de salud por una supuesta crisis nerviosa, e incluso cayó al suelo. Por ello se le envió a un hospital privado para su atención de donde escapó, esto ocurrió el lunes 24 de agosto.

Ayer, 29 de agosto, presentó un amparo en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por autoridades judiciales.