Los movimientos más importantes de la política yucateca no siempre ocurren donde están los reflectores. Mientras buena parte de la conversación pública sigue concentrada en los apagones, las candidaturas o los problemas cotidianos del estado, el Gobierno de Yucatán avanza en una silenciosa reconfiguración de espacios estratégicos. El sector salud y la negociación del nuevo financiamiento estatal se han convertido en los dos frentes donde hoy se mide la verdadera capacidad de operación política del gobernador Joaquín Díaz Mena.

La reciente designación de la doctora María Teresa Zapata Villalobos como directora del Hospital General Agustín O’Horán es una muestra de ello. Aunque la transición del sistema estatal de salud hacia el modelo federal de IMSS-Bienestar ha alimentado la percepción de que las decisiones comienzan a tomarse desde la Ciudad de México, en los hechos el gobierno estatal ha conseguido mantener influencia sobre posiciones clave. Lo mismo ocurre dentro del propio IMSS-Bienestar, donde varios de los perfiles que han llegado cuentan con el respaldo de los grupos políticos locales, y también en la Secretaría de Bienestar, donde el interinato continúa funcionando como un dique que evita la llegada de nuevos liderazgos con agenda propia.

Es una estrategia que ha pasado prácticamente desapercibida para la opinión pública. No porque no exista, sino porque el gobierno no ha sabido comunicarla. Paradójicamente, mientras se consolida una estructura de operación territorial con capacidad de incidir en dos de las áreas más sensibles para cualquier administración, el mensaje termina diluyéndose entre una comunicación institucional que pocas veces logra convertir las decisiones de fondo en activos políticos.

Pero si el Ejecutivo parece tener bajo control la reorganización de su estructura administrativa, el verdadero reto comienza ahora en otro terreno: el Congreso del Estado.

La solicitud para contratar un financiamiento estatal por mil 500 millones de pesos, que se complementaría con alrededor de 3 mil millones de pesos de recursos federales, parecía caminar sobre un acuerdo previamente construido entre el Gobierno del Estado y la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada. Todo indicaba que existían condiciones para sacar adelante uno de los proyectos financieros más importantes del sexenio. Sin embargo, el tablero comenzó a moverse.

La bancada del PAN decidió incorporar una condición que modificó por completo la negociación: la exigencia de que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) sea encabezada por un perfil estrictamente técnico. Aunque nadie lo expresa abiertamente, en los pasillos políticos la lectura es prácticamente unánime: la propuesta representa una presión directa para relevar a su actual director, Francisco Torres Rivas. Y ahí comienza la verdadera prueba para el gobierno estatal.

Porque más allá del crédito, la discusión gira alrededor de un tema mucho más delicado: ¿hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo para mantener vivo un acuerdo político con la oposición? Y del otro lado también surge la pregunta inevitable: ¿el PAN realmente quiere mejorar la operación de la JAPAY o encontró en la crisis del agua la oportunidad para reposicionarse políticamente?

En toda negociación importante siempre llega el momento en que los acuerdos dejan de construirse en las mesas y comienzan a medirse por la confianza entre quienes los firmaron. Ese momento parece haber llegado para el gobierno de Huacho Díaz Mena. Y conforme aumente la tensión legislativa, también crecerá otra incógnita que ya empieza a repetirse entre operadores de todos los partidos: ¿quién está llevando realmente la negociación y quién será el responsable si el acuerdo termina por romperse?

VOCES SUELTAS

La ruta guinda pasa por Kanasín
La migración de capital político hacia Morena toma forma en dos frentes clave. En Progreso, la relación entre el alcalde Erik Rihani González y el Gobierno del Estado dejó hace tiempo el terreno de las especulaciones para traducirse en acuerdos que hoy son visibles en la autorización de diversos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el movimiento más relevante parece estar en Kanasín, el segundo municipio con mayor cantidad de habitantes de Yucatán. El alcalde Edwin Bojórquez Ramírez percibe cada vez menor respaldo del PAN y, conforme se acercan las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, distintos operadores de su círculo comienzan a explorar un aterrizaje en Morena. En política, pocos puentes se construyen por afinidad; la mayoría nace por necesidad.

El peso del magisterio turquesa 
Lejos de los reflectores, Nueva Alianza Yucatán empieza a recuperar valor en el mercado político. Sus resultados en la elección de 2024 le permitieron conservar una presencia importante en el interior del Estado y mantener expectativas reales de obtener una diputación plurinominal en la próxima Legislatura. El problema es interno. Mientras Crescencio Gutiérrez González concentró buena parte de sus esfuerzos en asegurar posiciones dentro del Ayuntamiento de Mérida, varios alcaldes y operado- res territoriales comenzaron a buscar interlocución directa con Morena y con el PAN. El partido magisterial parece haber entendido que, en un escenario de competencia cerrada, su verdadero capital no está en los discursos, sino en los votos que to- davía puede mover.

Capital árabe, ojos en Yucatán
Las reuniones entre el gobernador Joaquín Díaz Mena y Salem Rashed Alowais, embajador de los Emiratos Árabes Unidos en México, dejaron algo más que una fotografía diplomática. En distintos espacios del gobierno se habla ya de conversaciones para atraer inversiones vinculadas con infraestructura tecnológica, energía y proyectos estratégicos para la entidad. Todavía no hay anuncios concretos, pero el interés existe y la apuesta apunta a diversificar los socios internacionales de Yucatán. Habrá que seguir de cerca esos acercamientos; algunas de las inversiones más importantes suelen comenzar precisamente así: con reuniones discretas antes que con conferenciasde prensa.

Responsabilidades compartidas en la costa
El caso del desarrollo inmobiliario en Las Dunas de Chuburná sigue acumulando preguntas. El proyecto comenzó a caminar durante la administración del entonces alcalde Julián Zacarías Curi, con el respaldo del Cabildo y el aval de la entonces secretaria de Desarrollo Sustentable, Sayda Rodríguez Gómez. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En la actual administración también existían márgenes de actuación para que instancias federales y estatales revisaran o frenaran el desarrollo. La participación de la Semarnat y del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, encabezado por Irak Greene Marrufo, mantiene abierto el debate sobre quién permitió que el proyecto siguiera avanzando. En los pasillos políticos la pregunta ya no es quién autorizó el inicio, sino quién decidió no detenerlo. El dictamen definitivo confirmará si existe un pacto de omisión institucional, a cambio de alguna prebenda de cualquier tipo de cara a la candidatura de Rommel Pacheco Marrufo.

La puerta que queda abierta
Los movimientos del poder no siempre ocurren en las oficinas donde se toman las decisiones; muchas veces comienzan en los equipos que construyen los mensajes. En los círculos políticos cada vez toma más
fuerza la versión de que Gabriela López, quien durante años fue una de las estrategas de comunicación más cercanas a los ex gobernadores Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello y, posteriormente, colaboró con el actual gobierno estatal, estaría por incorporarse al cuarto de guerra de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada.

El puente para ese eventual movimiento, comentan distintos operadores, sería Patricia Aguirre, directora de la firma Xoul Creative y responsable de buena parte de la estrategia del próximo informe de gobierno municipal. De concretarse, no sería un cambio menor. Significaría que una estratega con profundo conocimiento de las dinámicas internas del gobierno estatal pasaría a formar parte del equipo político de la principal figura de oposición en Yucatán.

En política, los cambios de camiseta rara vez son casualidad. A veces responden a la búsqueda de nuevos proyectos; otras, a la necesidad de construir canales de comunicación donde antes había distancia. Lo cierto es que, conforme se acerca 2027, también los estrategas empiezan a elegir de qué lado del tablero quieren jugar.

¿Se trata de un puente de comunicación tendido de común acuerdo o es, en el fondo, un caballo de Troya operando desde adentro?

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