La discusión sobre la despenalización del aborto en Yucatán trasciende el ámbito de los derechos reproductivos y abre un debate sobre la autonomía de los estados, la división de poderes y el alcance de las resoluciones judiciales, afirmó la coordinadora de Conciencia y Derechos Humanos y vocera de Red Pro Yucatán, Alejandra Llanes Rubio, durante una entrevista en el programa Salvemos una Vida.

En la emisión, conducida por Jorge Barrera, se abordó la relación entre las políticas públicas, la protección de los derechos humanos y la prevención del suicidio, al considerar que las condiciones sociales e institucionales inciden en el bienestar de la población.

Llanes Rubio sostuvo que la reforma aprobada en 2025 para despenalizar el aborto en Yucatán derivó de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó modificar el Código Penal local. Explicó que la mayoría legislativa alcanzó los votos necesarios para esa reforma, pero no para modificar la
Constitución del Estado, al requerirse el respaldo de las dos terceras partes del Congreso.

Explicó que una juez federal impuso multas a los 35 diputados locales y al director jurídico del Congreso por incumplir la resolución judicial, además de advertir posibles sanciones por desacato. En ese contexto, señaló que los legisladores que inicialmente votaron en contra terminaron respaldando la reforma constitucional.

Consideró que estas resoluciones constituyen una intromisión en las facultades de los congresos estatales y planteó que los legisladores deben conservar la posibilidad de deliberar y votar conforme a la representación que ejercen de sus electores.

Durante la entrevista también expresó que, desde su perspectiva, la despenalización del aborto puede tener repercusiones en la salud mental de algunas mujeres y afirmó que existen testimonios de personas que han requerido ayuda.