El pasado 2 de junio un juez vinculó a proceso y ratificó la prisión preventiva para Jorge “N” y José Alfredo “N”, por el presunto daño a manglares para la lotificación y venta de terrenos ganados al mar en el puerto de Sisal, en Hunucmá. 

La denuncia fue interpuesta por la Profepa ante la FGR, por el desmonte ilegal de vegetación y por la violación de sellos de clausura en estos terrenos costeros.   

“Lo que hemos visto en Sisal a lo largo de varios meses ha sido una reiterada violación de la normatividad ambiental y de las clausuras impuestas por Profepa ante la remoción ilegal de vegetación. Esta conducta es inaceptable, especialmente porque estamos hablando de uno de los ecosistemas más frágiles, fundamentales y escasos del planeta”, afirmó la procuradora Mariana Boy. 

 

Hasta 10 años de prisión  

La afectación al mangle es un delito previsto y sancionado en el artículo 420 Bis, fracción I, del Código Penal Federal, el cual establece que se impondrá una pena de dos a diez años de prisión a quien dañe manglares, lagunas, esteros o pantanos.

En los meses de febrero y marzo de 2025, inspectores de la Profepa detectaron tres zonas de la costa de Sisal afectadas por la eliminación de vegetación asociadas a una especie protegida de manglar (mangle botoncillo) que en total suman 37 mil 784 m2, por lo que esta Procuraduría impuso clausuras y abrió procedimientos administrativos. 

Sin embargo, esos sellos de clausura impuestos por la Profepa fueron violados en reiteradas ocasiones, reanudando los procesos de desmonte de vegetación e incluso lotificando los terrenos. 

Para frenar estos ilícitos y buscar alternativas de solución en las que se atendieran las necesidades de la población, autoridades municipales y estatales de Yucatán, la Profepa y la Semarnat establecieron mesas de diálogo con los habitantes de la zona, en las que se acordó buscar lugares alternativos para la construcción de viviendas. Pese a la realización de estas reuniones, los procesos de desmonte y lotificación de la zona federal marítimo terrestre continuaron.

La zona federal marítimo terrestre es propiedad de la nación y cualquier obra u actividad proyecto de construcción en estas áreas debe contar con una concesión y autorización de parte de las autoridades competentes.