El director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del  Gobierno del Estado de Yucatán, Erik Noé Zapata Ceballos, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el presunto manejo irregular de más de 165 millones de pesos entregados a la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (Ugroy) entre 2019 y 2024.

Esta es la segunda denuncia penal que se interpone en la última semana sobre este tema, el pasado martes 25 de noviembre el actual presidente de la Ugroy, Mario Esteban López Meneses, interpuso una denuncia penal en contra del ex presidente de esa organización, Esteban "N", en el período 2019-2024, por manejo irregular de recursos públicos por más de 160 millones de pesos, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Respecto de la nueva querella, de acuerdo con la información obtenida, está dirigida en contra de ex servidores públicos de la Seder y contra quienes fungieron como representantes de la Ugroy en el período 2019 al 2024, por hechos que –según el documento– podrían encuadrar en delitos previstos en el Código Penal del Estado de Yucatán relacionados con posibles actos de corrupción.

En la denuncia Zapata Ceballos, quien actúa en representación de la dependencia, fue asistido por un asesor jurídico particular, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la
Ley General de Víctimas.

Se trata de recursos públicos cuya aplicación está siendo cuestionada, pues a lo largo de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, la citada dependencia transfirió a la Ugroy más de 160 millones de pesos mediante distintos programas y fondos estatales de apoyo al campo.

El dinero público habría sido destinado, al menos en documentación, a diversas asociaciones ganaderas del oriente yucateco.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, una revisión interna ordenada por la Seder habría detectado irregularidades de carácter sistemático en el manejo de esos recursos.

Esa comunicación interna se consideró un “foco rojo” dentro del Gobierno del Estado y detonó la instrucción de revisar a detalle la documentación y los movimientos financieros asociados a los recursos entregados a la organización ganadera.

De esa revisión –según lo asentado en la denuncia penal– provienen los elementos que ahora la Seder pone en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

La Seder detectó que la Ugroy habría presentado, año tras año, proyectos con el mismo objeto, la misma estructura y la misma justificación técnica, variando únicamente los montos.

Tras detallar estos hallazgos, la Seder expuso ante la Fiscalía que los hechos descritos podrían configurar, al menos de manera preliminar, delitos relacionados con el uso ilícito de atribuciones y facultades, contemplados en el capítulo de “Delitos por Hechos de Corrupción” del Código Penal del Estado de Yucatán.

Estos recursos públicos estaban bajo la administración, custodia y control de servidores públicos de la Seder y de representantes de la Ugroy, conforme a reglas y fines específicos.

Asimismo, se dio a conocer que existen indicios de que el dinero habría sido aplicado a fines distintos a los autorizados y sin la debida comprobación.

La Seder solicitó que una vez integrados los elementos de prueba, la Fiscalía determine si procede ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.