A punto del arranque de la campaña electoral a magistrados del Poder Judicial del Estado de Yucatán, sólo una juez de un total de nueve que son candidatos, ha pedido licencia sin goce de sueldo para dedicarse abiertamente a sus actividades proselitistas.

Se trata de la juez Primero de Control del Quinto Distrito con sede en el municipio de Valladolid, Claudia Crisol Antonio Mayor, quien competirá por la Décimo Tercera Magistratura del Poder Judicial en la campaña electoral que arrancará el martes 29 de abril, durará 30 días, que concluirán el miércoles 28 de mayo. Las elecciones serán el domingo 1 de junio.

De acuerdo con fuentes judiciales, una de las razones por la que Claudia Crisol Antonio tomó la decisión de separarse de su cargo es para evitar alguna “guerra sucia” con el argumento de que es funcionaria judicial y al mismo tiempo se promueve para un nuevo cargo, por lo que los informantes señalaron que su decisión es congruente y le podría favorecer con su voto en la próxima jornada electoral.

En contraste, cinco actuales magistrados del Poder Judicial del Estado que también son candidatos para continuar en el cargo no han solicitado licencia sin goce de sueldo. Se trata de Graciela Torres Garma y Sary Eugenia Ávila Novelo, esta última hija de Ricardo Ávila Heredia, ex presidente del Poder Judicial, así como los magistrados Mario Israel Correa Ríos, Adolfo González Martínez y José Pablo Abreu Sacramento, quienes continúan en el cargo aun siendo candidatos.

Hasta el momento, los cinco magistrados no se han pronunciado sobre si dejarán el cargo para hacer proselitismo o seguirán cobrando sus últimas quincenas y al mismo tiempo haciendo campaña, porque de no favorecerles el voto ciudadano tendrán que dejar su puesto el 31 de agosto próximo.

Hay que recordar que en un principio eran seis los actuales magistrados que aspiraban a competir en la contienda electoral de junio próximo, pero al someter a votación la lista final de los candidatos, el Congreso del Estado decidió dejar fuera al magistrado Luis Armando Mendoza Casanova, quien es señalado por activistas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres de antecedentes de violencia. 

Actualmente, ya vencieron los plazos para que Mendoza Casanova pudiera inconformarse por la vía legal ante tal determinación, por lo que todo indica que decidió acatar lo dispuesto por el Poder Legislativo local.