En lo que va del año, el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán ha dictado 16 resoluciones en contra de ayuntamientos de esta entidad tras desahogar juicios promovidos por ex trabajadores despedidos sin liquidación.

El magistrado presidente César Enrique Ferreyro Rosado precisó que, de ese total, cinco son de Mérida, uno de Acanceh, uno de Maxcanú, uno de Umán, uno de Muna, dos de Progreso, uno de Kanasín, uno de Valladolid, uno de Izamal, uno de Ticul y uno de Dzilam González.

Respecto de cuál es el monto de las 16 resoluciones, el funcionario no detalló las cantidades tanto por ayuntamiento como de la cifra global.

Agregó que el monto histórico global al que ascienden las sentencias dictadas por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios en los últimos años y hasta la fecha, en contra de ayuntamientos en Yucatán, al más reciente corte es de 982 millones de pesos, a favor de ex trabajadores despedidos sin liquidación.

Convenios

En este contexto, Ferreyro Rosado dijo que en lo que va del año se han firmado un total de 46 “convenios con expediente”, para terminar la relación laboral entre trabajadores y ayuntamientos. En tanto que se han firmado un total de 249 convenios sin expediente, es decir, sin juicio reclamatorio laboral.

“Esto es un acuerdo suscrito ante la fe del Tribunal de los Trabajadores. El gran número de convenios suscritos, derivado de los acuerdos entre trabajadores, es de 295 en lo que va de este año”, manifestó el entrevistado.

Sin embargos

El magistrado Ferrero Rosado agregó que en lo que va de 2025 no ha ejecutado ningún embargo en contra de autoridades municipales por incumplimiento de sentencias.

Agregó que, en contraparte, han recurrido a otras medidas como notificaciones, requerimientos de pago, requerimiento de ejecución de sentencias y medios de apremio como apercibimientos y multas. Expuso que al momento de la entrevista no tenía el dato preciso sobre el monto de las multas.

“No ha habido ningún embargo, y las medidas que se han tomado para obligar a los ayuntamientos también consideran darle visto a la Fiscalía General del Estado”, dijo el funcionario.