Yucatán fue vendido como refugio de paz, identidad y calidad de vida. Hoy, el llamado “sueño yucateco” corre el riesgo de convertirse en una costosa ilusión: crecimiento sin planeación, negocios inmobiliarios opacos, servicios rebasados y autoridades especializadas en administrar excusas.

No se trata de culpar a quienes llegan, sino de exigir cuentas a quienes autorizaron una expansión urbana sin garantizar agua, electricidad, movilidad, hospitales ni seguridad. El Censo 2020 registró 2.32 millones de habitantes, 18.7% más que en 2010. Entretanto, el precio de la vivienda nueva en Mérida aumentó entre 42% y 51% de 2020 a 2024. Terrenos alguna vez vendidos a precio de ganga hoy se anuncian como si estuvieran ubicados en Dubai, mientras miles de familias locales son expulsadas del mercado por salarios incapaces de perseguir la especulación (La Jornada Maya⁠).

La prosperidad que destruye acuíferos, encarece el suelo, margina al residente y satura los servicios no es prosperidad: es despojo maquillado con espectaculares discursos, permisos complacientes y fotografías oficiales cuidadosamente difundidas. Ya hipoteca el futuro colectivo.

¿Quién ganó con los cambios de uso de suelo, las autorizaciones, los fraccionamientos remotos y los lotes de inversión? ¿Quién vigila que detrás de cada desarrollo existan certeza jurídica, vialidades, drenaje y servicios? Donde faltan transparencia y planeación, la sospecha de corrupción deja de ser consigna: se vuelve consecuencia política.

La factura ya llegó. El parque vehicular pasó de 902 mil 783 unidades, en 2020, a un millón 054 mil 187, en 2023: más automóviles sobre calles insuficientes, congestionamiento, contaminación y siniestros. Hospitales y clínicas padecen carencias denunciadas por pacientes y trabajadores, aunque el discurso oficial presuma inversiones. El agua falla y se culpa a la electricidad; la luz desaparece y se culpa al vandalismo o al calor. El apagón del primero de septiembre dejó a 430 mil 840 usuarios yucatecos sin servicio. Las explicaciones podrán llenar boletines, pero no tinacos, refrigeradores ni quirófanos. (Inegi⁠, El País⁠)

Y mientras se repite que Yucatán continúa siendo seguro, la percepción cotidiana registra robos, violencia familiar, hechos violentos y carreteras convertidas en cementerios. La seguridad no se conserva mediante propaganda, sino con prevención, estructura policiaca suficiente, justicia eficaz y calles diseñadas para personas, no únicamente para desarrolladores y automóviles.

¿Quién podrá controlar este desorden? No aparecerá un superhéroe. Deben hacerlo gobierno estatal y municipales, con ordenamiento territorial vinculante, auditorías públicas transparentes y con sanciones ejemplares, infraestructura previa a las licencias y participación ciudadana real.

Yucatán todavía puede corregir el rumbo. Pero gobernar exige poner límites a los negocios, anticipar el crecimiento y servir a la población. Si la autoridad continúa confundiendo inversión con desarrollo y publicidad con resultados, el “sueño yucateco” terminará siendo el gran negocio de unos cuantos y la pesadilla cotidiana de todos.