Luego de seis años, la controversia constitucional que Yucatán promovió en contra del vecino estado de Quintana Roo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras apropiarse de manera unilateral de una parte del territorio yucateco, entró a una nueva etapa.

El nuevo pleno de la Suprema Corte turnó a la nueva ministra, María Estela Ríos González, el citado recurso jurídico, como parte de una recomposición tras entrar en funciones el pasado 1 de septiembre, toda vez que de dicho asunto no se logró resolver por parte de los anteriores ministros.

Al respecto el titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán, Gaspar Alemañy Ortiz, declaró ayer que el proceso de controversia constitucional en este momento está en etapa de alegatos ante el máximo tribunal del país, y aún no se ha hecho público un proyecto de resolución.

Recordó que, de manera paralela desde febrero de este año, los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y también de Campeche, iniciaron un diálogo en búsqueda de solucionar el conflicto limítrofe.

“En este procedimiento jurídico hay tres posturas porque no sólo es Yucatán y Quintana Roo, sino también entra Campeche, el conflicto limítrofe también incluye a esa entidad; entonces como sabrás, ya tuvimos reuniones en las que se está buscando el entendimiento de las gobernadoras Mara Lezama Espinosa y Layda Sansores San Román y el gobernador Joaquín Díaz Mena, para buscar una solución conjunta.

“Entiendo que la designación de la ministra ponente es por la integración de la nueva Corte, entonces hubo asuntos que no se lograron resolver y lo que están haciendo es distribuir esos asuntos entre las nuevas ministras y ministros de la Corte”, manifestó el funcionario.

En este sentido, agregó que el nuevo trámite de la citada controversia constitucional no significa necesariamente un tema de resolución, “por el contrario, inclusive, si hubiera alguno, es probable que la nueva ministra ponente entre al estudio y pueda coincidir o no coincidir con lo que se le haya puesto a consideración, no hay público todavía un proyecto de resolución, todavía se está en la parte de alegatos que ya se presentaron, pero no necesariamente quiere decir que esto vaya a resolverse pronto”.

Hay que recordar que en 2019 Quintana Roo se apropió de parte del territorio yucateco, por medio de un decreto que modifica el punto de unión territorial (PUT). Entre los municipios yucatecos afectados figuran: Chemax, Chichimilá, Tixcacalcupul, Peto, Tzucacab y Tekax.

Ante dicha situación, en junio de ese mismo año la Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el documento que contiene la Controversia Constitucional que sustenta la defensa de los límites territoriales de Yucatán, procedimiento que ya cumplió seis años.