Elegir los jueces en las urnas fue solo el arranque hilo conductor de un cambio de gran calado a la Justicia en México. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso en pleno festejo del Día de la Independencia una propuesta de reforma a la Ley de Amparo. El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene la campaña, heredada de López Obrador, para debilitar el juicio de amparo. La nueva iniciativa de reforma tiene ese claro propósito. El amparo ha sido hasta ahora la principal arma de los mexicanos para combatir los abusos de la autoridad. Por eso preocupa tanto este debilitamiento.

AMLO comenzó la ofensiva con el decreto del 14 de junio de 2024 que eliminó las suspensiones sobre normas generales. Los jueces no pueden ya otorgar suspensiones en juicios de amparo contra normas que violen los derechos constitucionales. Además, reformó el artículo 149 de la Ley de Amparo para que en juicios sobre la constitucionalidad de las leyes los jueces no puedan emitir suspensiones generales. En otras palabras, solo quienes hayan promovido los amparos se verán beneficiados. Es una medida discriminatoria que deja sin defensa a los millones que no promueven estos juicios.

En octubre de 2024 el régimen impuso la reforma de "supremacía constitucional" según la cual ninguna reforma a la Constitución podrá ser declarada inconstitucional. Cualquier adición a la Constitución será inatacable, aunque viole las garantías individuales, es decir, si el régimen dicta nuevas normas constitucionales que violen los derechos individuales, los gobernados ya no podremos defendernos con el amparo.

La nueva iniciativa de la presidenta Sheinbaum que está en el Senado debilitaría aún más el amparo. Volvería más difícil obtener el reconocimiento de persona con "interés legítimo" para promover un juicio. Esto obstaculizaría la defensa de los derechos de personas o comunidades afectadas indirectamente por obras gubernamentales, como el Tren Maya. En asuntos fiscales o en casos de congelamiento de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, no se permitirían las suspensiones. El gobierno podría congelar discrecionalmente las cuentas de personas o empresas sin que los afectados pudieran obtener suspensiones. Al final se determinaría la legalidad de la acción, pero como reflexiona Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, "el amparo sin suspensión no es más que una ficción".

La propuesta presidencial viene cargada con un efecto expansivo que pone topes a las suspensiones temporales que den, de alguna manera, oxígeno a empresas y al sector privado. También dificulta que los jueces frenen el bloqueo de cuentas impuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (el Ejecutivo) y desaparece suspensiones contra detenciones por prisión preventiva oficiosa. La iniciativa ha generado críticas entre los especialistas en Derecho y reacciones de la oposición.

La reforma al amparo se cuela entre los temas centrales de la agenda del Congreso. Este tipo de juicio es el más recurrido en México para impugnar actos de una autoridad que puedan implicar una vulneración a los derechos humanos. Sheinbaum busca cambios que puedan reforzar la decisión de los tribunales y hacerlos menos endebles ante recursos ilimitados. “En México, aunque la Corte haga una resolución puede haber un amparo frente a la ejecución de la resolución. Eso prácticamente en ningún país del mundo”, aseguró la presidenta esta mañana en su conferencia de prensa. “Lo más importante es que la justicia pueda ser expedita, que no lleve tanto tiempo y que no se abuse de esta figura”, añadió.

La propuesta presidencial ha abierto un nuevo frente con la oposición y con los expertos críticos de la Administración, que advierten un cierre del acceso a la justicia, especialmente para los colectivos. “Una reforma al juicio de amparo que pone en el centro a las autoridades y no a las personas debe ser motivo de seria preocupación”, aseguró en las redes sociales Javier Laynez, quien sirvió como juez constitucional hasta el mes pasado.

Otros expertos han recibido con la misma cautela la propuesta presidencial. “Sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”, dice Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La propuesta de Sheinbaum está repleta de tecnicismos que abren la puerta a la interpretación del significado e implicaciones del beneficio judicial.