El auge inmobiliario en Quintana Roo ha puesto en alerta a cientos de empresas y profesionales del ramo que a partir de julio de este año deben cumplir estrictamente con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lfpiorpi), lo que está obligando a muchas a buscar personal o apoyo especializado para evitar sanciones.

El presidente de la Comisión de Prevención al Lavado de Dinero del Colegio de Contaduría Pública de Quintana Roo, Fausto Darío Bañuelos Sánchez, explicó que el régimen de sujetos obligados afecta de lleno al sector inmobiliario, constructoras, arrendadoras, agencias automotrices, notarios y otras actividades que mueven altos montos en la entidad.

Las obligaciones de los asesores inmobiliarios son prácticamente iguales a las de los notarios desde 2013, pero se están equiparando cada vez más con las de las entidades financieras. Esto representa un reto administrativo importante que requiere, en muchos casos, contar con gente capacitada.

“Algunas empresas podrán hacerlo con su personal actual, pero otras necesitarán contratar o recibir apoyo especializado, sobre todo para elaborar el manual de cumplimiento que exige la ley. No existe para bajarlo de internet; debe construirse según cada negocio”, advirtió.

Alertan inmobiliarias por medidas antilavado en Quintana Roo [Foto: Contexto / IA Gemini]

El especialista indicó que el arrendamiento de inmuebles también es sujeto obligado cuando supera los 180 mil pesos aproximados, monto que se alcanza con frecuencia en plazas comerciales, locales y propiedades de alto valor en la Riviera Maya y Cancún.

“Muchos asesores inmobiliarios ya están trabajando con nosotros para regularizarse. No es tan complicado si se hace bien, pero sí requiere orden y sistematización. El que no cumpla se expone a multas y problemas mayores”, dijo.

Hizo un llamado a los miles de empresas que generan empleo en Quintana Roo a prepararse, porque el régimen ya maduró y las autoridades exigen resultados concretos en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con esta medida, las autoridades buscan blindar al sector productivo del estado sin frenar su crecimiento, siempre y cuando se cumpla con la normatividad. 

Con información de Jesús Vázquez.