La organización Artículo 19 alertó sobre la reforma al código limitaciones civil de Quintana Roo que busca regular el derecho a la propia imagen, pues advierten que se generarán a la libertad de expresión, por lo que piden a la Legislatura local analizar su implementación en base a los más altos estándares en la materia.

“Cualquier regulación que busque controlar la difusión de imágenes debe analizarse cuidadosamente a la luz de los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión”, señaló la organización al referirse a la iniciativa presentada ante el Congreso local por los diputados María José Osorio Rosas, del Partido Verde (PVEM); Hugo Alday Nieto, por el Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Velazco Rodríguez, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de la XVIII Legislatura.

Hacen puntual mención del artículo 551 TER, el cual señala que toda persona tiene derecho sobre su imagen, que se traduce en la facultad para disponer de la voz, el rostro, el cuerpo, el nombre y cualquier otra forma de representación gráfica, audiovisual o sonora susceptible de identificación individual, sin limitarse a los rasgos visibles de su apariencia, autorizando, o no, la captación o difusión de la misma.

También alertan sobre las implicaciones a la libertad de expresión del 551 QUATER que establece como “acto ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin el consentimiento expreso”.

Artículo 19 reconoce que la propuesta sí considera la posibilidad de utilizar imágenes, dentro de la labor periodística, en el artículo 551 SEPTIES, sin embargo, alertan que cualquier regulación que busque controlar la difusión de imágenes debe analizarse cuidadosamente a la luz de los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión. 

Consideran incluso legítimo que se busque legislar sobre el tema, pues en la actualidad hay un uso indebido de imágenes de personas en entornos digitales, redes sociales y medios de comunicación, sin embargo, señalan que esta iniciativa se basa en normativas que ya existen en otros estados del país, lo cual obliga a que previo a su eventual aprobación, se analice el contexto actual del abuso de estas leyes en contra de la prensa en otras entidades.

“Tan sólo en siete meses del año pasado, esta organización documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas, incluidos 2 casos en Quintana Roo.  Estos casos de acoso judicial, en múltiples instancias son conocidos como SLAPPs (litigios estratégicos contra la participación pública, por sus siglas en inglés)”, señala la organización.

Por eso es importante que una reforma de esta naturaleza que impacta en la libertad de expresión por el uso abusivo del aparato judicial, sea acompañada de reformas procesales Anti-SLAPP, añaden.

(Con información de Jesús Vázquez)