Apatía de Imoveqroo daña a miles de familias; señalan
El director comercial de la plataforma Mueve-T indicó que la dependencia no ha comenzado con el registro de los conductores.
Alrededor de 30 mil usuarios y 6 mil conductores de la plataforma de transporte privado Mueve-T están siendo afectados debido a la indiferencia de Rafael Hernández Kotasek, quien en enero de 2025 asumió la titularidad del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), dependencia que no ha comenzado con el registro de los conductores.
Juan González Durán, director comercial de la plataforma -que fue la primera de su tipo en contar con una concesión en Quintana Roo-, explicó que durante todo el 2024 se trabajó de la mano con autoridades para cumplir en su totalidad con la Ley de Movilidad, ante la iniciativa de la gobernadora, Mara Lezama, de que existiera una regulación al respecto.
"Estamos desde el año pasado presentando la documentación, obtuvimos la concesión, pero no se echó a andar, se acordó que en enero del 2025 íbamos a entrar en operación, porque Inmoveqroo empezaría con el registro de conductores y vehículos", indicó.
Pese a lo anterior, el entrevistado refirió que Hernández Kotasek se ha negado a reunirse con los afectados, pese a que existía un plan de trabajo establecido desde la anterior administración.
Destacó que la empresa ha cumplido con todos los requerimientos a nivel estatal y está dispuesta a apegarse al marco regulatorio para las plataformas digitales. En este sentido, recordó que desde diciembre de 2024 se hizo una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las personas que generen ingresos, equivalente a un salario mínimo, para una aplicación tengan prestaciones.
"Con esta nueva legislación, ya levantamos la mano para una generación de empleo formal, ya que estamos hablando de que de 15 a 20 mil personas en el estado podrían beneficiarse, además de unos 20 mil taxistas", explicó.
González Durán reiteró que la empresa cumple al 100% con la Ley de Movilidad a fin de operar con beneficios tanto para los conductores -quienes contarían con prestaciones de Ley-, así como a la ciudadanía, que exigen nuevas alternativas de transporte en el estado.