Buscan evitar restituir más de 39 mdp por daños durante el gobierno de Roberto Borge
El concepto monetario está relacionado con descuentos onerosos por la venta de 113 terrenos que pertenecían al estado de Quintana Roo.
Mauricio N, exsecretario de Desarrollo Urbano y de Vivienda (la extinta Seduvi) durante la administración estatal de Roberto Borge, quedó amparado para abrir la posibilidad de una apelación que le permita no reparar un daño patrimonial por más de 39 millones de pesos relacionados con la dilapidación de 113 inmuebles hace más de una década.
El pasado 24 de marzo, el Juzgado Primero de Distrito de Chetumal otorgó al exfuncionario el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra una negativa de admitir un recurso de apelación contra la sentencia de procedimiento abreviado que lo dejó libre en 2017 tras ser detenido, pero a cambio de restituir un pago por 39 millones 733 mil pesos.
“Se concede el amparo y protección de la justicia federal a Mauricio R(...), por los motivos expuestos la consideración sexta y para los efectos de la consideración séptima de esta sentencia”, se lee de manera contundente en la resolución del expediente 885/2025 de juicio de amparo indirecto.
El concepto monetario está relacionado con descuentos onerosos por la venta de 113 terrenos que pertenecían al estado de Quintana Roo y que dejaron una grave afectación al patrimonio público.
Mauricio N, inconforme con la reparación del daño o devolución del dinero, apeló, pero no fue aceptada la impugnación. Ante esto, el 30 de octubre de 2025 solicitó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
“El recurrente (Mauricio N) indica que el acto reclamado consistió en la omisión de acordar un recurso de apelación interpuesto desde el dos mil diecisiete, contra la sentencia emitida en un procedimiento abreviado; por lo que se solicitó la suspensión del acto reclamado para efecto de la restitución del derecho violado”(sic), se lee en el acto reclamado de la demanda de amparo.
Finalmente, en sentencia definitiva se le otorgó la protección constitucional. En los próximos días se determinarán los efectos de la sentencia que le abre el camino a que le acepten la impugnación y evite así, pagar la reparación del daño por el citado monto millonario.
