Resulta, cuando menos, contradictorio que el Gobierno Federal de la “Cuarta Transformación” decida apretar el cinturón precisamente a uno de los estados que más oxígeno le da a la economía nacional.

Para el ejercicio fiscal de 2026, Quintana Roo recibirá casi mil 350 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), una cifra que, aunque en apariencia elevada, es en realidad 256 millones de pesos menor a la asignada en 2025.

En términos reales, se trata de un recorte cercano al 16 por ciento; en lugar de subir, representa una reducción difícil de justificar para una entidad que es pilar del Producto Interno Bruto nacional gracias al turismo masivo que recibe durante todo el año.

No se puede perder de vista que Quintana Roo no es un estado más en el tablero económico del país. Cancún, la Riviera Maya, Cozumel y Tulum no sólo generan divisas, empleo y crecimiento local, sino que sostienen una parte fundamental de la recaudación federal. El turismo internacional que llega a estas costas alimenta la economía nacional, fortalece el tipo de cambio y proyecta a México en el mundo.

Sin embargo, cuando llega el momento de repartir recursos, la Federación parece olvidar quiénes cargan una parte sustancial del peso económico.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, además del Faismun, Quintana Roo recibirá 163.5 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Ambos fondos están destinados a combatir la pobreza extrema y el rezago social mediante obras de infraestructura básica: agua potable, drenaje, electrificación, vivienda, salud, educación y alimentación. Es decir, recursos que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.

El problema no es sólo la cifra, sino el mensaje que envía este recorte. El Faismun se distribuye bajo criterios de pobreza extrema y con un enfoque redistributivo, pero reducir los recursos a un estado con un crecimiento demográfico acelerado, con una población flotante que no es tomada en cuenta en las estadísticas, producto precisamente de su éxito turístico, implica ignorar una realidad incómoda: el desarrollo económico no ha llegado de manera homogénea a todos los rincones de Quintana Roo.

Detrás de los grandes hoteles y los destinos de clase mundial existen colonias sin servicios básicos, comunidades mayas con carencias históricas y municipios que luchan por atender una demanda social cada vez mayor.

En 2025, la Federación asignó más de mil 605 millones de pesos a Quintana Roo vía el Faismun. Hoy, la reducción de casi 256 millones de pesos significa menos obras, menos servicios y menos oportunidades para cerrar las brechas de desigualdad.

Castigar presupuestalmente a un estado que aporta tanto al país no sólo es injusto, sino también miope desde una perspectiva de desarrollo nacional.

A esto se suma otro factor que el Gobierno Federal parece pasar por alto, como lo es la presión constante sobre la infraestructura pública derivada del turismo masivo. Carreteras, sistemas de agua potable, drenaje, recolección de basura, hospitales y escuelas no sólo atienden a la población local, sino también a millones de visitantes nacionales y extranjeros cada año.

Esa sobrecarga exige mayores inversiones, no recortes. Reducir los recursos destinados a infraestructura social básica es condenar a los municipios a administrar la escasez en un contexto de alta demanda y crecimiento permanente.

Si Quintana Roo genera riqueza para México, lo mínimo que debería recibir es un trato proporcional a su aportación y a sus necesidades reales. Recortar recursos destinados a infraestructura social básica es, en los hechos, frenar la posibilidad de un desarrollo más equilibrado y sostenible.

El Gobierno Federal debería reconsiderar esta decisión y entender que fortalecer a Quintana Roo no es un favor al estado, sino una inversión estratégica para todo el país. De lo contrario, el mensaje es claro y preocupante: en México, incluso quienes más aportan pueden terminar pagando el costo de una política presupuestal desconectada de la realidad. ¿No importa quién gobierne, siempre seguirá siendo así? ¿Y nuestros legisladores federales?