En atención inmediata a una denuncia ciudadana recibida a través del programa “La Voz del Pueblo” de la gobernadora, Mara Lezama; la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA), que encabeza Oscar Rébora; coordinó un operativo de supervisión y atención en la laguna Chacmuchuch y zonas aledañas.

En conjunto con el municipio de Benito Juárez, a través de su Dirección de Ecología, SIRESOL y la Policía Municipal; se identificaron obras ilegales como 

• tiraderos clandestinos,
• quemas de basura,
• construcciones e invasiones irregulares,
• y diversas fuentes de contaminación que afectan este ecosistema.

Durante las acciones, se detuvo en flagrancia a una persona que transportaba un camión lleno de escombro de construcción, el cual fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

También clausuraron varios puntos donde se detectaron actividades ilegales, en donde las autoridades darán puntual seguimiento para garantizar las labores de saneamiento, restauración y control ambiental en la laguna.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, obtuvieron una orden de cateo del predio, que se localiza en los límites de la delegación Alfredo V. Bonfil.

Durante el cumplimento del mandamiento judicial, el personal detectó la posible comisión de hechos presuntamente constitutivos de los delitos contra el ambiente, extracción y afectación de la cubierta vegetal, contra el desarrollo urbano.

En este cateo también participaron agentes de la Secretaría de Marina, además de personal del Colegio de Biólogos del Estado de Quintana Roo, quienes constataron que en el lugar hay una superficie de aproximadamente 30 mil metros cuadrados, la cual fue chapeada y desmontada en su totalidad.

Dicha superficie fue posteriormente rellenada y compactada con material pétreo; asimismo, durante el cateo observaron residuos orgánicos como ramas, troncos y maleza, producto de las actividades de chapeo, lo que evidencia un inminente deterioro ambiental, con repercusiones graves hacia la flora, fauna, suelo y ecosistemas. 

Las primeras investigaciones señalan que los desarrolladores del predio no cuentan con autorización municipal o estatal para la realización de los trabajos mencionado. Tampoco de permisos municipales para construcción de un desarrollo inmobiliario, a pesar de lo cual siguen ofreciendo lotes en venta.