La creación de asentamientos humanos irregulares en Quintana Roo data de los gobiernos priístas que controlaban en tiempos electorales, por medio de las líderes de colonias, a los ciudadanos con la promesa de un pedazo de tierra para vivir en el paraíso caribeño.

Un ejemplo, el Frente Único de Colonos (FUC), organización (que lideraba Magaly Achach), y que ocupó grandes extensiones de terrenos al inicio del gran desarrollo turístico que ahora es Cancún.

Pues esa práctica fue el modus operandi en otros municipios y, en nuestros días en Playa del Carmen, en la periferia del lado de lo que se conoce como el Ejido, se cuenta con un poco más de 40 asentamientos humanos, donde habitan 30 mil familias, que han surgido y crecido junto con el municipio.

Pero en estos tiempos ese tipo de crecimiento humano sin servicios públicos, entiéndase agua, energía eléctrica, alumbrado público y todo lo que se requiere, no es sostenible cuando hablamos del cuidado a nuestros recursos naturales y la necesidad de desarrollos sustentables.

Como ya dijimos, esos asentamientos han sido un coto de poder de algunos gobiernos, otros los dejaron crecer y otros no hicieron nada porque son votos a manejar llegado los procesos electorales, y Playa del Carmen no se salvó de esa forma de operación política, sobre todo en los gobiernos del tricolor.

Eso le queda claro al actual gobierno municipal de Estefanía Mercado, quien ha emprendido una cruzada a favor de la legalización, pero al mismo tiempo ha dicho que no se permitirán más invasiones en ningún predio, y tampoco el daño a las vías de comunicación.

Esa situación que se vive en Playa del Carmen se acabará con la legalización de los asentamientos, para darle a los ciudadanos ese derecho a contar con un techo propio, ejemplo del gobierno humanista de la gobernadora Mara Lezama.

Con tales acciones, el gobierno de Playa del Carmen, a la vez que muestra mano dura para evitar cualquier nuevo asentamiento, apoyará a los ciudadanos para que tengan certeza de sus predios.

Así las cosas en Playa del Carmen, donde el gobierno que encabeza Estefanía Mercado ha emprendido una cruzada para legalizar, y a la vez detener, un flagelo que además de dañar al medio ambiente, sirvió a los gobiernos de antaño como moneda de cambio en los procesos electorales, donde los candidatos prometían permitir asentamientos a cambio de votos. Hasta la próxima.