La Dirección de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Benito Juárez informó que ha recibido dos solicitudes de información por parte de madres de familia que consideran que podrían estar siendo vulnerados los derechos de sus hijos debido al cobro de cuotas o cooperaciones escolares para el próximo ciclo educativo.

Durante la mañana de este martes 4 de agosto, el titular de la dependencia, Edgar Mora Ucán, explicó que los casos corresponden a una escuela de nivel secundaria y otra de nivel bachillerato, donde las madres consultaron si era obligatorio realizar un pago para que sus hijos pudieran ser inscritos e iniciar clases.

El funcionario precisó que, conforme a los lineamientos nacionales que rigen la educación pública en México, ninguna institución educativa pública puede condicionar la inscripción, permanencia o acceso a clases al pago de cuotas o cooperaciones, por lo que únicamente existiría una posible vulneración a los derechos humanos cuando el ingreso del estudiante dependa de cubrir dicho pago.

Mora Ucán detalló que, en uno de los casos, una de las madres manifestó interés en dar seguimiento a la situación. Ante ello, se le informó que la instancia competente para presentar una denuncia formal es la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, organismo encargado de investigar posibles violaciones a los derechos fundamentales.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento la ciudadana no ha determinado si interpondrá una queja formal, por lo que ambos asuntos continúan únicamente como solicitudes de información y orientación jurídica, sin que exista un procedimiento oficial iniciado contra alguna institución educativa.

El director señaló que la dependencia también mantiene comunicación con el sector educativo para informar sobre este tipo de consultas y reforzar el conocimiento de la normativa vigente relacionada con el acceso a la educación pública.

Finalmente, hizo un llamado a padres, madres de familia y tutores para que conozcan sus derechos y recordó que las cooperaciones escolares tienen carácter voluntario, por lo que ningún estudiante puede ser privado de su derecho a la educación por no realizar un pago o por negarse a cubrir una aportación económica en escuelas públicas.

Con información de Gilda Piña.