Resulta alarmante la manera en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha convertido en protagonista de algunos de los episodios más cuestionables en materia de obras públicas en el país. Lo que alguna vez fue visto como una institución dedicada exclusivamente a la seguridad nacional, hoy aparece en las primeras planas no por su disciplina o eficacia militar, sino por el opaco manejo de megaproyectos que han despertado críticas desde lo local hasta lo internacional.

Un ejemplo claro es la falta de respuesta a la Unesco, que solicitó información puntual sobre el impacto del Tren Maya en las reservas naturales y sitios declarados patrimonio de la humanidad, y más recientemente sobre la construcción de la denominada “Puerta al Mar” en la reserva de la biosfera de Sian Ka’an.

La Sedena, encargada de construir y operar estos proyectos, ha guardado silencio. No se trata de un descuido menor, sino que es un acto de opacidad que erosiona la confianza internacional y que podría traer consigo sanciones o incluso la pérdida de reconocimientos en materia de conservación ambiental. Si la Unesco, con todo su peso global, es ignorada, ¿qué puede esperar la ciudadanía mexicana cuando pide transparencia?

El caso se replica a nivel local en Quintana Roo. En Bacalar, primero salió a la luz la construcción de una casa de descanso militar en la orilla de la laguna, obra que levantó el repudio de los bacalarenses y de la sociedad civil organizada. Apenas pasado el escándalo, se exhibió otra construcción aún más preocupante: el relleno con concreto en un punto de la laguna, con impactos ambientales graves en un ecosistema tan frágil como único. El discurso de “desarrollo” y “seguridad” se convierte, en realidad, en un sinónimo de devastación ambiental y silencio oficial.

No es la primera vez. Basta recordar lo ocurrido en el Stero de Chac, al sur del estado, donde la Sedena pretendía rellenar un área lagunar. Fue gracias a la presión social y a la movilización ciudadana que se logró frenar una obra que amenazaba con secar un humedal vital para el equilibrio ecológico de la región. ¿Cómo justificar que una institución que debería ser garante del respeto a la nación termine siendo señalada como una de sus principales agresoras ambientales?

El origen del problema está en la decisión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien entregó a las Fuerzas Armadas facultades que van mucho más allá de su naturaleza. Lo hizo bajo el argumento de que la Sedena era la única institución “no corrompida”.

Con cada proyecto de la Sedena que se desarrolla en la opacidad, México pierde legitimidad ante el mundo, las comunidades pierden confianza en sus instituciones y el medio ambiente sufre daños que podrían ser irreversibles. La militarización de la obra pública no sólo es un error político, es un lastre que amenaza el futuro social, democrático y ambiental del país.

Al final, lo que está en juego no es solo el equilibrio ecológico de lugares como Bacalar, Sian Ka’an o el Stero de Chac, sino el modelo de país que queremos construir. Si México permite que su naturaleza sea devastada por megaproyectos ejecutados en la sombra, se compromete el futuro de las comunidades locales y se entrega el poder absoluto a una institución que nunca fue diseñada para administrar ni gestionar recursos públicos. La pregunta es urgente: ¿queremos un país donde las decisiones se tomen en lo oscuro por militares, o un México donde la voz ciudadana y la legalidad ambiental sean la guía?