Insiste Roberto Borge en apresurar salida de penal
El Tribunal de Apelación del Poder Judicial de Apelación de Nezahualcóyotl, se niega a resolver el caso de liberación.
El exgobernador Roberto Borge Angulo promovió un segundo recurso de conflicto de interés con lo cual juzgadores se niegan a resolver su caso para darle libertad condicional, tras complicarse su salida del penal de Cuautla, Morelos, de donde tuvo una absolución por lavado de dinero.
Ayer el Tribunal de Apelación del Poder Judicial de Apelación de Nezahualcóyotl, recibió el segundo recurso de excusa, promovido por juzgadores de la citada jurisdicción federal, es decir, se niegan a resolver el caso de liberación y vigilancia del proceso penal.
“Se admite a trámite el impedimento de que se trata. No pasa inadvertido que el promovente solicita que la presente excusa sea atendida con carácter urgente, al estimar que las cuestiones pendientes de resolución podrían incidir en la situación de libertad de la persona imputada. Sin embargo, debe tomarse en consideración que el artículo 42 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la persona juzgadora que formule excusa deberá abstenerse de continuar conociendo de la audiencia correspondiente y únicamente podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que no admitan dilación. Lo anterior evidencia que, el legislador previó mecanismos específicos para evitar que cuestiones relacionadas con los impedimentos de la persona juzgadora impidan la atención de asuntos urgente”, se lee en el impedimento 13/2026.
Con esto se suma el segundo recurso de Roberto Borge con el cual busca su libertad, sustentado en el sistema penal acusatorio federal, pues había solicitado un recurso similar dentro del expediente mismo en mayo pasado.
Roberto Borge actualmente continúa detenido en Cuautla, Morelos, tras ser absuelto por delincuencia organizada y porque no se ha hecho efectiva la liberación para prisión domiciliaria que tiene vigente por lavado de dinero.
En esta última acusación es por el remate de 22 predios públicos a manos de particulares, que significó una afectación de más de 900 millones al erario estatal.
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