En Quintana Roo, donde durante años el crecimiento económico convivió con profundas desigualdades, comienza a dibujarse un cambio que no es menor: la pobreza laboral está cediendo o al menos se reporta a la baja.

Y no se trata de un ajuste marginal ni de un dato aislado, sino de una reducción de 10.7% en apenas un año, colocándose como la segunda más importante del país, apenas por debajo de Aguascalientes. Más allá del ranking, lo relevante es lo que esto significa en términos concretos: más trabajadores pueden hoy adquirir la canasta básica con el fruto de su esfuerzo.

El dato cobra mayor dimensión cuando se le pone en contexto: Al cierre de 2024, el 58.2% de la población ocupada en el estado enfrentaba un poder adquisitivo insuficiente. Hoy, esa proporción ha bajado a 46.3%, el nivel más bajo en los últimos cinco años.

No es una cifra para echar campanas al vuelo, pero sí para reconocer que algo se está haciendo mejor. En contraste, entidades como Guerrero siguen atrapadas en una realidad mucho más adversa, donde el 85.9% de los trabajadores no logra cubrir sus necesidades básicas con su ingreso.

Quintana Roo, además, apenas contribuye con el 0.7% a la estadística nacional de pobreza laboral, lo que revela una dinámica económica distinta al promedio del país. El motor turístico, con todas sus virtudes y defectos, sigue generando oportunidades, pero ahora parece estar acompañado de una mejora en los niveles salariales y en la calidad del empleo.

De los 981 mil trabajadores activos, el 55% se encuentra en la formalidad, lo que implica acceso a prestaciones y cierta estabilidad, mientras que el 29.7% son asalariados.

Sin embargo, reducir la pobreza laboral no significa erradicarla. El propio análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias pone el dedo en la llaga: no todos los hogares pobres son iguales. Hay quienes logran salir relativamente rápido, con ingresos promedio cercanos a los 17 mil pesos mensuales, y hay quienes permanecen atrapados en esa condición, con apenas 3 mil 566 pesos al mes. Esa brecha no solo es económica, es estructural.

Ahí está el verdadero reto para el estado: atender a los que se quedan atrás. Porque mientras una parte de la población logra subirse a la ola del crecimiento, otra sigue anclada a condiciones que limitan su movilidad social. Factores como la educación, el acceso a oportunidades, la informalidad persistente y la desigualdad territorial siguen marcando diferencias profundas.

El avance es innegable y merece ser reconocido. Pero también obliga a evitar la complacencia. La reducción de la pobreza laboral es una buena noticia, sí, pero es apenas un paso dentro de un camino mucho más largo. Si no se diseñan políticas específicas para los sectores más rezagados, el riesgo es que esta mejora se vuelva pasajera o, peor aún, que consolide una sociedad de dos velocidades.

Quintana Roo tiene hoy una oportunidad valiosa: convertir este avance en una tendencia sostenida y, sobre todo, en un cambio estructural. La clave no está solo en generar empleo, sino en garantizar que ese empleo permita vivir con dignidad. Porque al final del día, la verdadera medida del desarrollo no está en los indicadores, sino en la mesa de cada hogar.