Se sabe que las condenas en redes sociales no suelen durar mucho, aunque sí dejan una huella perdurable. Sin embargo, en estas cancelaciones suele haber más oportunismo que una verdadera preocupación por el bien común. Prueba de ello son dos casos muy recientes: los narcocorridos y el derecho a la defensa personal.

Por un lado, es de todos conocido el caso de Los Alegres del Barranco, el grupo de música regional que tuvo el desatino de exhibir imágenes de capos del narcotráfico en un concierto. Este hecho representó —social y legalmente— una apología del delito, misma que no pasó desapercibida en redes sociales.

El grupo fue cancelado, "funado" y defenestrado, principalmente porque no entendieron la lección a la primera y, en un segundo concierto, cometieron el mismo error. Solo al verse involucrados en una investigación de la Fiscalía de Jalisco y perder su visa de trabajo para Estados Unidos, el grupo se disculpó: la cancelación logró la "recapacitación".

Hasta ahí, podría decirse que todo era felicidad en redes sociales... hasta que apareció Carlota N, la llamada "abuelita sicaria".

El caso también es harto conocido: la señora disparó y mató a unos presuntos invasores en el Estado de México, por lo que fue detenida y vinculada a proceso. Pero algo curioso ocurrió en este caso: la gente no se fue contra la señora, sino que salió a defenderla.

Amparados en el llamado "derecho a la autodefensa", las redes sociales se volcaron en favor de Carlota N, no solo aplaudiendo su tenacidad al defender su propiedad, sino justificando que "hiciera justicia" por su propia mano, alegando que la autoridad no la apoyó para recuperar su terreno. En otras palabras: los usuarios de redes volcaron su frustración apoyando un homicidio.

Lo interesante y digno de pensarse es lo siguiente: ¿cuál es la línea que no se debe cruzar para evitar la condena en redes sociales? Los Alegres del Barranco hicieron una reprobable apología del delito; Carlota N mató a dos personas. Sin embargo, al grupo musical se le atacó con saña, y a la señora se le justificó, defendió e incluso se le puso como un ejemplo a seguir.

Esto podríamos explicarlo de forma muy simple: para el ideario de las redes sociales, hacer un "llamado a la acción" que desnude la ineficacia de la autoridad es suficiente motivo para defender un acto criminal.

Desde el activismo de sillón, la defensa del "bien común" es más sencilla aún si le ponen nombre y apellido a un mártir o caudillo en el cual depositar la frustración general. Tal es el caso de Carlota N, quien ahora representa la lucha del ciudadano común contra la autoridad que no atiende a tiempo las demandas de la gente y que, por su ineficacia, "obliga" a tomar la justicia en sus propias manos.

Claro, todo esto mientras no nos toque a nosotros o a alguien cercano porque, ¡oh sorpresa!, entonces sí habrá que "funarlo".