Quintana Roo tendrá listo un protocolo de protección a la niñez a fin de disminuir los riesgos de trata de personas y casos de abuso ante el incremento de turistas con motivo del Mundial 2026.

Ante el desarrollo de la Copa del Mundo, se lanzará también una certificación para los prestadores de servicios el cual incluirá mecanismos para que, por ejemplo, los adultos que se hospeden con menores de edad demuestre su parentesco, además que se les capacitará para detectar conductas de riesgo como la trata y abuso infantil, detalló Omar Govea, subsecretario de Turismo a nivel estatal.

“Las mesas (de trabajo) las coordina el DIF, pero están incluidos desde la Fiscalía estatal, todas las asociaciones de hoteleros y todos los actores del sector turístico”,

explicó.

Una vez que se concluya la elaboración del protocolo, se difundirá entre todos los prestadores de servicios turísticos para su inmediata aplicación, pues la Ley General de Turismo del estado ya marca como obligatorio la protección de la niñez.

El desarrollo cuenta con el apoyo de la cadena RIU que hace aportaciones económicas a  la asociación ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), la cual asesora y capacita a los prestadores de servicios para la elaboración y aplicación en campo del protocolo.

La protección de la niñez en Quintana Roo también está alineado con el Código de Conducta Nacional de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), diseñado para combatir la explotación sexual y laboral infantil en la industria turística.

Cómo se protege a la niñez contra la explotación y trata en el sector turístico

Entre las principales directrices que conforman este protocolo, se encuentran la capacitación de personal de primer contacto (recepción, seguridad, limpieza) para detectar situaciones de riesgo y sensibilizar a los trabajadores sobre la protección de la niñez; además de difundir mensajes claros que expresan la postura de cero tolerancia a la explotación.

Asimismo, plantea la implementación de un procedimiento para actuar ante casos sospechosos de explotación o trata de personas y asegurar que la contratación de adolescentes (15-17 años) cumpla con la Ley Federal del Trabajo.

(Con información de Jesús Vázquez)