El Instituto Federal de la Defensoría Pública impugnó el retiro de las suspensiones que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), reiniciar labores de construcción de la casa militar de descanso en Bacalar.

La apelación es a través de la presentación de un recurso de revisión promovido por el órgano que representa a niños de dicho municipio, y quienes demandaron la defensa del medio ambiente sano, vía juicio de amparo.

“Parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión contra la resolución de 4 de noviembre del año en curso”,

se lee de manera puntual en el acuerdo judicial emitido por el Juzgado Primero de Distrito dentro del expediente 313/2025 de amparo indirecto.

Serán magistrados federales de Cancún quienes determinarán la admisión del recurso y con ello la continuidad del proceso legal, que tiene su origen en la exención de presentación de estudios ambientales a favor de Defensa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los niños de Bacalar, que solicitaron el amparo contra estas obras desde marzo último, obtuvieron una suspensión contra la ejecución del proyecto. La medida estuvo vigente hasta el 4 de noviembre pasado, cuando el juez Primero de Distrito en audiencia incidental del juicio de amparo, determinó que no existían elementos para ratificarla.

En esas fechas también fue anulada la suspensión que habían obtenido en otro juicio de amparo las asociaciones Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc).

Además, la semana pasada se anunció el desistimiento del tercer amparo solicitado por habitantes de Bacalar, por lo que, a partir de esto, la casa de descanso militar quedó sin ningún tipo de medida legal que frenara su continuidad.

En caso de que los magistrados de Cancún aprueben resolver la impugnación de las infancias, el proceso legal se alargará más y sería hasta el próximo año cuando se dictara sentencia, de acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Amparo.

A principios de este año, la Sedena inició los trabajos en la ribera de la laguna de Bacalar, lo que ocasionó un reclamo generalizado porque nunca se presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como ordenan las leyes en esta materia.