El retiro anticipado de selva sin permiso motivó que le negaran los permisos de impacto ambiental al proyecto Kantal, un complejo habitacional y turístico de 55 lotes que se planeaba levantar sobre más de ocho hectáreas en el municipio de Solidaridad.

El desarrollo, promovido por Operadora Beste Boden, contemplaba vialidades, ciclovía, banquetas, áreas verdes y la infraestructura básica para el conjunto, con el cambio de uso de suelo en cerca de 6.5 hectáreas de selva mediana subperennifolia. Imágenes satelitales de noviembre de 2025 analizadas en el expediente mostraron el desmonte en una zona que en febrero de 2024 aún presentaba cobertura forestal completa.

La irregularidad fue determinante para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales negara la autorización de impacto ambiental. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental concluyó que iniciar obras de preparación del sitio sin contar con el permiso contraviene el principio preventivo de la evaluación ambiental.

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La resolución añade que el proyecto es incompatible con el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Playa del Carmen, específicamente con la unidad de gestión ambiental 18, donde los usos urbanos y turísticos no están permitidos, y que incumple varios criterios del ordenamiento marino y regional del Golfo de México y Mar Caribe, relacionados con rescate de vegetación, fragmentación de ecosistemas y protección de pozos de agua.

En el predio se identificaron cinco especies de flora listadas en la Norma Oficial Mexicana 059: amargoso, palma real, guano de costa, cedro y despeinada. La autoridad consideró que no se acreditó que esas poblaciones no se verán afectadas y que las medidas de rescate y compensación propuestas son insuficientes. La Comisión Nacional Forestal coincidió en que no cubren toda la superficie y carecen de detalles técnicos.

Con la negativa, la dependencia advirtió que no se puede realizar ninguna obra del proyecto y dio vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para inspección en el sitio.

El resolutivo cierra el expediente como asunto concluido, pero deja a salvo el derecho de la empresa para ingresar de nueva cuenta la solicitud como manifestación de impacto ambiental en modalidad particular, siempre que incluya un plan de restauración del área ya afectada, acredite la reparación del daño y asuma los costos conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico, una condición que en los últimos dos años ha frenado en Solidaridad al menos una decena de proyectos habitacionales por intentar adelantar el desmonte a la autorización federal.