Pese a que la política ordenada por la gobernadora Mara Lezama y por la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, ha sido ante todo privilegiar el orden, la paz y la buena convivencia vecinal, en la Supermanzana 57 existe un Comité de Vecinos que hace caso omiso y hasta las desafía.

Y es que lo ocurrido el pasado viernes en la Fase II de Residencial Las Américas parece sacado de una película de los hermanos Almada. Lo preocupante es que no se trata de ficción, sino de una realidad que amenaza con romper la tranquilidad de cientos de familias.

Desde este espacio advertimos con anticipación que la asamblea del pasado viernes, donde la administración rendiría cuentas y sería sometida a votación, corría el riesgo de ser reventada por integrantes del Comité de Vecinos de la Supermanzana 57, quienes desde hace semanas insisten en intervenir en asuntos administrativos para los cuales no tienen facultades legales.

Y así ocurrió.

La reunión terminó convertida en un espectáculo de confrontación protagonizada por dicho Comité de Vecinos y su reducido grupo de simpatizantes: Hubo amenazas contra la administradora, agresiones verbales y físicas contra vecinos, maniobras para imponer a una presidenta de asamblea afín a determinados intereses y un ambiente que obligó a la administración y a numerosos residentes a retirarse por falta de garantías de seguridad, y por rebasar lo estipulado en la convocatoria.

Pero lo más grave vino después.

Aprovechando la ausencia de quienes abandonaron el lugar, un reducido grupo decidió continuar la asamblea por su cuenta y nombrar una nueva administración, como si las leyes, los reglamentos municipales y los procedimientos establecidos fueran letra muerta. Una especie de golpe vecinal que pretende legitimarse por la vía de la ilegalidad y la confrontación.

Las autoridades municipales han sido claras en más de una ocasión: el Comité de Vecinos no tiene atribuciones para intervenir en la administración del residencial. Sin embargo, sus integrantes parecen convencidos de que pueden colocarse por encima de las disposiciones oficiales y actuar como autoridad paralela.

La supuesta asamblea tampoco resiste el menor análisis jurídico. En ésta participó apenas un par de decenas de personas y, según diversos testimonios, incluso asistieron individuos ajenos a la Fase II, quienes evidentemente no tienen derecho a votar.

El trasfondo parece cada vez más evidente: un grupo que durante años ha cuestionado a la administración busca ahora tomar el control del residencial sin respetar procedimientos, reglas ni mayorías. Lo que no pudieron conseguir mediante los mecanismos institucionales intentan obtenerlo mediante la presión y la confrontación.

Lo cierto es que el Comité de Vecinos de la Supermanzana 57 y sus simpatizantes son personas que no pagan sus cuotas (en otros fraccionamientos ya se hubiera procedido al embargo), exigen cuentas y se quieren apropiar del residencial para sacar provecho de ello, manteniendo una postura agresiva y personal en contra de una administración que, a la luz de todos, ha cumplido con sus funciones.

Y el riesgo no ha terminado. Existen versiones de que la administración autoproclamada exigiría esta semana el reconocimiento, e incluso intentar tomar las oficinas administrativas. Algunos de sus integrantes ya habrían advertido al personal de seguridad sobre posibles cambios inmediatos, elevando aún más la tensión.

Por eso resulta indispensable la intervención de las autoridades municipales antes de que el conflicto escale. Los vecinos merecen una rendición de cuentas ordenada, una votación transparente y un proceso que otorgue certeza jurídica a todos.

Porque una comunidad no puede gobernarse por gritos, amenazas o imposiciones. Mucho menos por quienes creen que la ley solamente debe respetarse cuando les conviene.