Por Jorge Sanen

Durante años, el Poder Judicial en México ha sido un espacio distante para la mayoría de la ciudadanía. Lejos de ser un garante pleno de justicia, muchas veces ha funcionado como un mecanismo que favorece intereses particulares y reproduce privilegios. Hoy, desde Quintana Roo, acompañamos una transformación que busca no solo democratizar este poder, sino acercarlo verdaderamente al pueblo.

La reforma al Poder Judicial no es un capricho, es una exigencia de justicia y coherencia con la transformación que vive México. Y en nuestro estado, esta reforma tiene implicaciones directas y urgentes. Durante décadas, muchos quintanarroenses han enfrentado un sistema judicial poco accesible, costoso, lento e insensible, especialmente en comunidades alejadas, para mujeres víctimas de violencia o trabajadores que enfrentan abusos sin defensa.

Como diputado del Congreso de Quintana Roo, creo firmemente que debemos avanzar hacia un modelo de justicia más participativo, donde jueces y magistrados no respondan a cuotas de poder ni a acuerdos políticos, sino al mandato legítimo de la sociedad. Por eso respaldamos la elección popular de jueces y ministros, como un mecanismo que abre las puertas a la rendición de cuentas y a una justicia con raíz democrática.

Esta reforma también nos exige hacer cambios locales: mejorar la infraestructura judicial, garantizar defensores públicos capacitados, acercar la justicia a zonas rurales y construir una cultura jurídica basada en la equidad, inclusión y derechos humanos.

Sabemos que habrá resistencias. Hay quienes han construido privilegios al amparo de un poder judicial opaco. Pero la transformación verdadera incomoda, y es ahí donde cobra sentido. Porque si algo nos ha enseñado el pueblo de Quintana Roo, es que no hay marcha atrás cuando se trata de dignidad.

Hoy, como representante del Congreso, hago un llamado a informarse, participar y alzar la voz. Esta reforma no es imposición, es una invitación a construir juntos una justicia que represente a todos.

La justicia debe dejar de ser un privilegio. En Quintana Roo, trabajaremos para que sea un derecho cercano y con rostro humano.