La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado reportó la recepción de 271 denuncias en el periodo correspondiente a su Segundo Informe de Labores encabezado por Edgar Ramírez Morales.

De acuerdo con las estadísticas presentadas por el titular del organismo, el distrito centro concentró la mayor incidencia con 145 querellas, seguido por el distrito norte con 80 y el distrito sur con 46 expedientes iniciados.

La institución precisó que el número de conductas delictivas registradas supera al total de carpetas de investigación abocadas, debido a que una sola denuncia suele integrar la probable comisión de dos o más ilícitos derivados de los mismos hechos analizados.

En el desglose de los ilícitos más frecuentes denunciados por la ciudadanía y autoridades, el abuso de autoridad se posicionó en primer lugar con 151 señalamientos, seguido del cohecho con 57 casos y el aprovechamiento ilícito del poder con 49 menciones.

Reporta Fiscalía Anticorrupción 271 denuncias en Quintana Roo

También, se contabilizaron 26 conductas por negligencia en el desempeño de la función o cargo y 12 por uso ilícito de atribuciones y facultades.

Respecto al perfil de los promoventes, el 53.5% de los procedimientos fue promovido por la ciudadanía mediante 189 denuncias formales, el 29.5% correspondió a 72 querellas presentadas por distintas autoridades gubernamentales, mientras que un 17% se originó a través de 10 reportes anónimos.

En cuanto al ámbito institucional de procedencia de los servidores públicos imputados, las investigaciones involucran a 43 funcionarios pertenecientes al Poder Ejecutivo Estatal, 15 correspondientes a autoridades municipales, 12 vinculados a organismos públicos autónomos estatales y dos adscritos al Poder Judicial del Estado.

Finalmente, la representación social en materia de combate a la corrupción reafirmó su compromiso institucional para integrar con riguroso apego a la legalidad cada una de las carpetas iniciadas, con el objetivo firme de combatir la impunidad en la administración pública, salvaguardar el correcto desempeño de la función estatal y garantizar una procuración de justicia eficiente para la sociedad quintanarroense.