Roberto Borge sigue en prisión por conflicto de intereses

La jueza que supervisará la colocación del brazalete electrónico al exgobernador de Quintana Roo, habría mantenido vínculos sentimentales con la defensa.

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Un conflicto de intereses en el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México, mantiene en prisión al exgobernador Roberto Borge, absuelto el pasado 29 de mayo de los cargos por delincuencia organizada.

La celebración de la audiencia para la colocación del brazalete electrónico al exgobernador en el citado órgano judicial se encuentra detenida porque la jueza de control asignada para tal tarea alegó un probable conflicto de intereses al haber mantenido vínculos afectivos con uno de los abogados de la defensa de Borge Angulo.

Ante ello, inició un recurso de impedimento ante el Tribunal Colegiado de Apelación de Nezahualcóyotl, que determinará si existe el conflicto de intereses, pues esta misma jueza debe resolver el proceso penal por el delito de lavado de dinero, el único que tiene activo Borge, pero por el que cuenta con prisión domiciliaria desde septiembre de 2023.

"Se actualiza una causal de impedimento relativa a la relación de convivencia derivada de vínculos personales que existen con integrantes del núcleo íntimo familiar del licenciado (...) defensor del imputado (...) Motivo por el cual, considera estar legalmente impedida para conocer de la causa penal (...) No pasa inadvertido que la promovente solicita que la presente excusa sea atendida con carácter urgente, al estimar que las cuestiones pendientes de resolución podrían incidir en la situación de libertad de la persona imputada",

se lee en el recurso de impedimento 11/2026 del Tribunal Colegiado de Apelación.

El ex gobernador ya había interpuesto un recurso de queja por la tardanza en la celebración de esta audiencia, pero luego desistió del recurso.

De qué delitos se acusó al exgobernador de Quintana Roo

Roberto Borge tenía abierto dos procesos penales:

por delincuencia organizada y

por lavado de dinero.

Por el primer caso está absuelto y hasta este lunes la Fiscalía General de la República (FGR) no había impugnado.

Ambos delitos están relacionados con el remate de 22 predios a manos de particulares, lo que representó un daño por más de 900 millones de pesos a la entidad, de acuerdo con los expedientes consultados.

El cargo de delincuencia organizada se materializó al ejecutar el remate de los predios con más de tres funcionarios que, señaló la FGR, actuaron bajo sus órdenes.

Mientras que el delito de lavado de dinero fue por el uso de recursos monetarios de dudosa procedencia para vender y comprar los terrenos.

Roberto Borge quedó absuelto del delito de delincuencia organizada desde el 29 de mayo, sin embargo, aunque se determinó su salida inmediata del penal de Cuautla, Morelos; la tardanza ha sido por incidentes procesales, como el ahora descrito. Además, también en una audiencia de liberación, aunado a que se verifique la colocación del grillete electrónico, se revisará el inmueble donde continuará la prisión domiciliaria.

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