El exgobernador Roberto Borge Angulo tiene pendiente la resolución de un expediente penal por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, relacionado con el caso VIP Saesa, que habría generado un detrimento al erario por más de dos millones de dólares.

¿Qué ocurre con el caso VIP Saesa?

El caso se encuentra paralizado debido a que la defensa de Borge obtuvo un amparo contra el inicio del juicio, y se suma al proceso por el delito de lavado de dinero que se resuelve en un Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México.

El delito de aprovechamiento ilícito del poder corresponde al fuero local y es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el de lavado de dinero, del fuero federal, es perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR).

En el caso del delito local, el expediente se encuentra en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, que determinará si se ratifica la nulidad del juicio o si se ordena la comparecencia del exgobernador en audiencia de juicio ante un juez de control de Chetumal.

El caso tiene su origen en el otorgamiento de contratos realizados por la paraestatal VIP Saesa, una empresa pública relacionada con el alquiler de taxis aéreos. En el expediente consultado, se señala que la Fiscalía Anticorrupción presuntamente determinó que el exgobernador, al ejercer la presidencia del Consejo de Administración de dicha empresa, entregó contratos de servicios de manera discrecional a particulares.

¿Por qué no se ha dictado sentencia?

“Que el acusado, en ejercicio de sus funciones como servidor público, con el cargo de Gobernador del Estado de Quintana Roo y Presidente del Consejo de Administración de la persona moral VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, (...), aprovechándose de su investidura, obligaba a terceros, es decir, a sus subalternos (...), para que en su representación participaran y aprobaran el orden del día respecto a la discusión y aprobación para la celebración de un contrato de prestación de servicios de transporte aéreo nacional o internacional”, se aprecia en el expediente.

Esto habría provocado un quebranto a las arcas estatales:

 “por lo que de manera automática se vio beneficiada con esa contratación, ocasionando con ello un detrimento patrimonial en agravio del Estado de Quintana Roo por la cantidad de dos millones doscientos veinte mil ochocientos dieciséis dólares, ya que dicho numerario fue pagado con recursos públicos”.

Roberto Borge actualmente continúa detenido en Cuautla, Morelos, tras ser absuelto por delincuencia organizada y debido a que no se ha hecho efectiva la liberación para prisión domiciliaria que tiene vigente por el proceso de lavado de dinero.

Esta última acusación está relacionada con el remate de 22 predios públicos a manos de particulares, operación que habría representado una afectación superior a los 900 millones de pesos al erario estatal.