La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encargó a la ministra María Estela Ríos González elaborar la propuesta de resolución del caso de probable apropiación cultural promovido por comunidades mayas contra Xcaret. 

Luego de atraerse el caso por el tribunal constitucional, se designó a Ríos González la elaboración del documento con el que se decidirá el uso de símbolos mayas que mane ja a su favor la conocida empresa ecoturística.

“El Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (...) informa que ha ordenado remitir las citadas constancias a la ponencia de la Ministra María Estela Ríos González”(sic), se lee en el acuerdo judicial dictado el pasado 2 de enero por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Suprema Corte retoma conflicto cultural entre comunidades mayas y Xcaret [Foto: Octavio Martínez]

El caso llegó a la Corte por la atracción que promovió Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente del máximo órgano judicial del país, quien, desde su elección en los comicios judiciales extraordinarios de 2025, ha llevado como bandera el respeto de las comunidades indígenas. 

Fue en 2022 cuando algunos miembros de las comunidades mayas de Quintana Roo solicitaron la intervención del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), para iniciar un procedimiento contra esta empresa por la probable apropiación cultural.

El caso es contra Experiencias Xcaret Parques, S.A.P.I de C.V., una de las sociedades mercantiles que representa los intereses del conglomerado de parques ecoturísticos, de acuerdo con los expedientes judiciales emitidos por juzgados y tribunales federales de la Ciudad de México.

En 2024 el Indautor detectó que la empresa continuaba utilizando los símbolos, a pesar de la restricción temporal que había impuesto. Ante esta verificación, la empresa solicitó un amparo y fue beneficia da con suspensiones definitivas de los órganos judiciales de la capital del país. Esto le permitió continuar utilizando las imágenes atribuidas al pueblo originario.

Es precisamente la legalidad de las suspensiones que revisará la Corte, en una sesión que se prevé sea celebrada este mismo 2026, a casi cuatro años de iniciada la controversia.