La reciente decisión de la Semarnat de revocar la autorización de impacto ambiental para la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel no es un hecho menor. Se trata de un precedente político y social que confirma que la presión ciudadana organizada puede incidir en las decisiones de gobierno, sobre todo cuando están en juego ecosistemas frágiles y derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano.

El caso de Cozumel revela un patrón preocupante, con proyectos de gran envergadura que avanzan con manifestaciones de impacto ambiental incompletas, fragmentadas o abiertamente omitiendo información clave, como sucedió con el Arrecife Villa Blanca. De no haber sido por la acción de colectivos, científicos y ciudadanos que señalaron estas irregularidades, el proyecto ya estaría en marcha, con consecuencias irreversibles para la biodiversidad y para la propia comunidad isleña que depende de esos servicios ambientales.

En el terreno político, la resolución pone a prueba la congruencia del Estado mexicano con sus compromisos internacionales. El Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar transparencia, participación y justicia ambiental, deja de ser letra muerta cuando la autoridad reconoce que la ciudadanía debe ser escuchada y que la mejor evidencia científica no puede ignorarse en nombre de intereses económicos. El mensaje es claro: el desarrollo turístico no puede seguir siendo sinónimo de devastación ambiental.

Socialmente, el fallo fortalece el tejido comunitario de Cozumel, donde la defensa del arrecife se convirtió en causa común. Es también un recordatorio para el resto del país, ya que, si la sociedad no se organiza, las irregularidades pasan de largo, las obras se imponen y los daños se normalizan.

Hoy en día, la participación ciudadana no es una opción decorativa, es una herramienta indispensable para frenar los excesos y exigir que el progreso no se construya a costa de la vida marina, la cultura local y el derecho de las futuras generaciones.

La lección es doble, pues la autoridad debe actuar con rigor técnico y ética pública, y la ciudadanía debe seguir vigilante, porque la defensa del medio ambiente es, al final, la defensa de la dignidad y de la vida misma.

La revocación de la autorización al cuarto muelle también desnuda el trasfondo político de los grandes proyectos turísticos en México. Durante décadas, el poder económico de las navieras y grupos empresariales ha ejercido influencia sobre gobiernos municipales, estatales y federales, generando un desequilibrio donde la ganancia privada pesa más que el interés colectivo. Esta vez, la Semarnat no sólo corrigió un error administrativo, sino que envió un mensaje de que la presión pública puede equilibrar esa balanza de poder.

Sin embargo, el reto apenas comienza. Frenar un proyecto no significa detener la lógica extractiva que privilegia la rentabilidad inmediata sobre la sustentabilidad. Cozumel y sus arrecifes seguirán bajo amenaza mientras no se adopte una política ambiental integral que armonice turismo y conservación, y mientras la ciudadanía no mantenga viva su capacidad de organización y exigencia. La lección es clara, pues lo que se gana con la voz de la sociedad, se puede perder con el silencio. ¿Llegará el momento en el que no sea necesario manifestarse para hacer valer la justicia?