Usan de pretexto a militares para declarar área natural a Bacalar: ejidatarios

Propietarios de tierras junto a la laguna de Bacalar acusan que se pretenden arrebatar áreas con potencial turístico.

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Integrantes del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, advirtieron de la insistencia por imponer un Área Natural Protegida (APN) en Bacalar y despojar a los ejidatarios y población de la zona.

Roberto Salgado Sangri, presidente del Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, señaló que autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y Amigos de Sian Ka´an, pretenden nuevamente imponer un ANP en Laguna de Bacalar, con el pretexto de los daños ambientales a causa de la construcción de una casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Indicó que desde 2016, Amigos de Sian Ka´an, presentó un Estudio Previo Justificativo y Estudio de Tenencia de la Tierra para la Declaratoria de Bacalar, con el que pretendió sostener que los ejidatarios de Bacalar, Aarón Merino Fernández, La Península, Calderitas y Juan Sarabia estaban de acuerdo con la propuesta de un ANP para la laguna de Bacalar.

La propuesta original abarca 219 mil 818 hectáreas, e incluye las lagunas Mariscal, Chile Verde, Guerrero, Milagros, Agua Salada, San Felipe y la costa de la Bahía de Chetumal, lo cual fue desmentido por los comisariados de los 12 ejidos de la zona sur y los propietarios de terrenos costeros afectados con esta declaratoria.

Consideró que, si la Conanp impone la declaratoria del ANP, se apropiará junto con Amigos de Sian Ka´an de la administración y el manejo de los permisos para cualquier tipo de actividad que se realice en el perímetro de la ANP de Bacalar, y las autoridades estatales y municipales perderán el control de la zona con mayor potencial turístico.

También se detendrá el incipiente desarrollo económico en la zona, porque a los inversionistas no les será atractivo invertir con las limitaciones de un ANP, con resultados previsibles de mayor pobreza y delincuencia.

Salgado Sangri agregó que organizaciones empresariales, ejidales y campesinas de la zona sur se agruparon desde el 2017, se opusieron y esgrimieron de manera organizada sus argumentos.

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