Un grupo de diputados locales pretende prohibir que funcionarios y políticos utilicen la entrega de apoyos sociales como herramienta de promoción personal, al exhibir en redes sociales o propaganda a los ciudadanos que “apoyaron”.  

María José Osorio Rosas, diputada local presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado, señaló que la propuesta plantea adicionar el Artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, para impedir que quienes ocupan cargos públicos difundan la entrega de apoyos sociales, bienes, programas o servicios gubernamentales, particularmente mediante el uso de redes  sociales, plataformas digitales, medios electrónicos y otros mecanismos de comunicación no institucionales.

Dijo que esta práctica, aunque en apariencia puede justificarse como parte de las acciones de transparencia, cercanía ciudadana o rendición de cuentas, en los hechos ha derivado en un mecanismo de promoción personalizada que desvirtúa el carácter institucional de los programas públicos y genera una indebida asociación entre los beneficios otorgados por el Estado y la imagen individual de quienes ejercen cargos públicos.

Indicó que actualmente, es común observar publicaciones en redes sociales en las que se documenta la entrega de despensas, apoyos económicos, materiales de construcción, artículos médicos o cualquier otro beneficio social, acompañadas de fotografías, videos, mensajes personalizados, nombres, voces, colores, logotipos o símbolos vinculados a determinada persona servidora pública.

“En muchos casos, estas publicaciones son difundidas desde cuentas personales de diputadas, diputados, regidoras, regidores u otras personas servidoras públicas, generando una narrativa en la que el apoyo social parece provenir directamente de la voluntad individual de quien aparece públicamente entregándolo, y no del Estado como institución responsable de implementar políticas públicas financiadas con recursos de todas y todos los ciudadanos”.

Osorio Rosas agregó que la propuesta no pretende prohibir la difusión de acciones gubernamentales ni restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información pública. Por el contrario, reconoce plenamente la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

Añadió que lo que se propone es establecer que la difusión de apoyos sociales, bienes, programas o servicios públicos se realice exclusivamente a través de los canales institucionales oficiales del ente público correspondiente, con fines informativos, educativos o de orientación social y sin incorporar elementos de promoción personalizada.