Con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria ilegal y garantizar el derecho a una vivienda digna, la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) y la organización SUMA, activaron una estrategia técnica para regularizar 35 asentamientos humanos en Quintana Roo en las que viven unas 300 mil familias. 

Rafael Quintanar González, representante de la Coduc dijo plan de ordenamiento territorial se alinea de manera directa con los compromisos de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora del estado, Mara Lezama,  con el fin de rescatar a miles de familias que adquirieron predios por necesidad en zonas ejidales y terminaron siendo víctimas de redes de defraudación.

Los representantes de las organizaciones denunciaron de manera enérgica que diversos ejidatarios han operado de forma ventajosa, llegando a vender un mismo predio entre 10 y 15 veces. Además de comercializar tierras de uso común sin la posibilidad de dotarlas de servicios básicos, pretenden aplicar cobros actualizados y excesivos a los posesionarios.

"Terrenos que originalmente costaron 14 mil 999 pesos hace 26 años, hoy pretenden cobrarse a los habitantes en montos que oscilan entre los 200 mil y los 400 mil pesos", señalaron los activistas.

Para frenar este abuso patrimonial, la Coduc y Sema ya han interpuesto más de 100 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE), avanzando en la vía legal de manera paralela a las mesas de trabajo técnicas.

Van por certeza jurídica para 300 mil familias en Q. Roo

Informaron que se realiza un censo detallado de colonias para incorporar formalmente a los habitantes en los programas de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). Una vez que se concrete la desincorporación y donación de las tierras ejidales a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se proyecta la edificación de hogares de calidad de 60 metros cuadrados para personas que carecen de seguridad social.

A nivel estatal, este esquema contempla proyectos específicos de vivienda social en Playa del Carmen (100 acciones), Puerto Morelos (500 acciones) y la delegación de Leona Vicario, donde se planifica el desarrollo de 600 viviendas.

El rezago de la tenencia de la tierra impacta de manera profunda en el tejido social y la infraestructura urbana de la entidad ya que tan solo en el municipio de Benito Juárez se calcula un universo de más de 230 asentamientos irregulares, cuya falta de certeza jurídica y carencia de servicios básicos (como drenaje, electrificación y pavimentación) afecta de manera directa a más 60 mil familias.

Las organizaciones ya entregaron un primer listado de 35 colonias registradas ante el Insus para arrancar formalmente con los estudios técnicos de regularización.

Dentro de la demarcación de Benito Juárez y sus áreas de influencia ejidal, se identificaron puntos prioritarios de atención como Alfredo V. Bonfil: Zona donde se concentran las mesas de negociación y revisión con los núcleos ejidales tales como Las Chiapanecas, asentamiento que destaca como punta de lanza en autogestión, logrando avanzar de manera autónoma con contratos individuales de energía eléctrica.

Finalmente, los líderes de las organizaciones y las autoridades federales hicieron un enérgico llamado a la ciudadanía para que evite adquirir lotes en zonas irregulares que carezcan de servicios. 

Asimismo, exhortaron a los habitantes a buscar asesoría legal ante las dependencias oficiales antes de realizar cualquier transacción, evitando así fraudes que comprometan el patrimonio familiar.